Un análisis de cómo los acuerdos de la Amazonía redefinen las reglas del juego, priorizan la conservación y exigen una nueva profesionalización del sector.
La COP30 en Belem (2025) marcó un punto de inflexión histórico. Más allá de los tecnicismos, los acuerdos firmados en el corazón de la Amazonía (Road Map COP30) cambian la filosofía de los mercados de carbono: de un sistema basado en la compensación a bajo costo a uno impulsado por la integridad ambiental, la legitimidad social y el impacto real demostrable.
Para 2026, el mercado se habrá transformado generando cambios paulatinos con resultados positivos para todos los actores que trabajen bajo el esquema de la Alta Integridad. Este artículo analiza los resultados clave y explica por qué la adaptación requiere un conocimiento profundo y especializado.
El Artículo 6 del Acuerdo de París, establece un registro internacional centralizado para garantizar la transparencia y evitar la doble contabilidad. La nueva figura del "Certificado de Autorización" convierte a los gobiernos anfitriones en el garante de la integridad ambiental de cada crédito exportado.
Esto elimina la ambigüedad y el riesgo de doble contabilidad, otorgando certidumbre jurídica y transparencia a las transacciones internacionales. Para 2026, la autorización estatal será el filtro crítico que separará los créditos de alta integridad (con acceso a mercados premium y compradores corporativos exigentes) de los créditos básicos, relegados a un segmento de menor valor y liquidez.
Si bien inicialmente será un requisito para el mercado regulado, terminará siendo fundamental para el mercado voluntario de proyectos Premium.
Este acuerdo emblemático establece que la repartición justa de beneficios con las comunidades locales e indígenas es un principio no negociable. A diferencia de lo que se ha malinterpretado, no establece un porcentaje fijo universal (10%, 20%, 30% de los ingresos), sino que exige que este beneficio sea significativo, formalmente acordado y proporcional al tipo de proyecto y al contexto comunitario y que generé beneficios reales a las comunidades medibles durante la vida útil del proyecto. El pacto también menciona un sello de certificación voluntario de prestigio ("Justo para la Naturaleza y las Comunidades") para proyectos que cumplan con estos altos estándares sociales y ambientales.
El espíritu del Pacto de Belem y las nuevas reglas del Artículo 6 generan un cambio radical: La conservación de ecosistemas intactos (bosques primarios, turberas, manglares) se posiciona sobre la reforestación o recuperación de áreas degradadas.
¿Por qué? Es ecológica y económicamente más eficiente evitar la emisión masiva de carbono almacenado por siglos que intentar capturarlo de nuevo décadas después. Por otra parte los servicios ecosistémicos de manglares, humedales y turberas, que tienen un alto impacto positivo en la naturaleza y las comunidades cercanas no son repuestos cuando estos habitat han sido destruidos, simplemente se pierden para siempre.
Impacto: Los proyectos REDD+ (conservación) y de carbono azul (manglares, humedales, turberas) que cumplan con los pilares de integridad, gobernanza y beneficios comunitarios se convertirán en los activos más buscados y valiosos ("Premium") del mercado.
La relación con las comunidades (Consentimiento Libre, Previo e Informado - CLPI) y con el gobierno (para el Certificado de Autorización) será tan crítica como la viabilidad técnica. Los proyectos de conservación bien estructurados tendrán una ventaja competitiva abrumadora. La documentación y transparencia serán claves.
La debida diligencia deberá evaluar no solo el carbono, sino el "paquete completo" de integridad: autorización estatal, acuerdo de beneficios comunitarios, impacto en biodiversidad y adicionalidad robusta. Comprar créditos sin estas credenciales será un riesgo reputacional inasumible.
La liquidez y las primas de precio se concentrarán en el segmento de "Alta Integridad". Identificar proyectos con potencial para obtener la autorización y sellos de calidad será el núcleo de una estrategia de inversión exitosa.
La COP30 elevó el listón hasta un nivel en el que la improvisación y el conocimiento superficial tienen costos prohibitivos. Las reglas de 2026 premian la expertise técnica, legal y social, y castigan la falta de preparación.
Entender la complejidad del nuevo marco del Artículo 6, diseñar acuerdos de repartición de beneficios significativos y contextuales, navegar el proceso de autorización gubernamental, y evaluar los riesgos legales y financieros de proyectos de conservación, ya no será opcional sino el requisito mínimo para operar.